Las peores armas de la oposición.

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Tomado de Rebelión

Por Cristina Vera Mendiu
GKillCity

07/09/2016

¿Vale la pena entregarle la democracia a los militares con tal de derrotar a Correa?

 

En la locura anticorreísta, cierta oposición se ha acogido a una idea peligrosísima: que las Fuerzas Armadas deberían resistir (o, peor, enfrentar) al gobierno. Esta barbarie que se repite con estridencia en medios y políticos que no tienen otro argumento que el falso dilema y el escándalo parte de la premisa básica de que a Correa hay que derrotarlo cómo sea. Es una cruzada irresponsable: están fortaleciendo el discurso de la intervención militar en la vida civil que le dejó a Latinoamérica (y al país) horas tan negras. Lo peor de todo es que la oposición (que cada vez se siente un poco más cerca del poder ante la crisis económica) en su ingenua miopía no se da cuenta que las bayonetas con que hoy apunta hacia el gobierno democráticamente electo de Rafael Correa mañana podrían ser las que la acorralen. Tomar el lado de las Fuerzas Armadas en la pugna de poder que mantienen con el correísmo es recurrir a las peores armas que hay en una democracia.

Digamos una verdad: a los militares ecuatorianos siempre les ha incomodado el poder civil. Han pasado cerca de cuarenta años desde que el Ecuador dejó la última dictadura militar que ejerció el poder, pero durante cuatro décadas las Fuerzas Armadas han tenido una intromisión directa y constante en la vida civil del país.

En la quiebra institucional del Ecuador (a la que el correísmo ha contribuído con su concentración de poder) tienen mucha responsabilidad los militares. Casi todos los presidentes democráticamente elegidos han tenido roces con la incapacidad militar de someterse a la superioridad de la autoridad civil. Según el documental La Muerte de Jaime Roldós, hay evidencia suficiente de que el primer presidente de la democracia que arrancó en 1978 fue asesinado como parte del plan Cóndor —que la CIA estadounidense y militares latinoamericanos llevaron a cabo para evitar que comunistas y socialistas lleguen al poder en la región—. Para que el Plan Cóndor funcione, se necesitaba militares ecuatorianos. Esa es una de las cuentas pendientes de la historia ecuatoriana (una que el gobierno de Rafael Correa prometió resolver, sin resultados concluyentes hasta ahora). León Febres-Cordero, presidente entre 1984 y 1988, fue secuestrado en la base militar de Taura en 1987 por un grupo de comandos que exigía la liberación del general Frank Vargas Pazzos. Todos los presidentes derrocados entre 1996 y 2005 (desde Abdalá Bucaram a Lucio Gutiérrez) se fueron cuando los jefes militares les informaban que no podían sostenerlos. La frase que se acuñó para esos momentos era “le quitaron el respaldo”. Cuatro décadas de una democracia endeble arrimada al dudoso árbol de las Fuerzas Armadas.

El correísmo, con todos sus males, defectos y abusos, sigue siendo preferible a un gobierno fundado en una relación clientelar con el ejército. ¿De dónde nace la pugna entre Correa y los jefes militares? Va más allá de las decisiones que les han quitado ciertos privilegios, como manejar el holding empresarial Dirección Industrial del Ejército (DINE), y la reciente disputa con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) sobre el precio del terreno del parque Los Samanes de Guayaquil. Tiene que ver con el lugar que ocupan los militares en el Ecuador. “Columna vertebral del Estado”, dijo el exgeneral Luis Garzón en una ceremonia militar. Esto es sumamente peligroso, pero ciertos opositores han preferido plantear la disputa entre Correa y sus subalternos castrenses como una pelea entre iguales, cuando no lo es. En primer lugar, las Fuerzas Armadas tienen un rol de excepción en el país porque, de acuerdo a una convención social plasmada en la Constitución, les hemos entregado voluntariamente armas que al resto de ecuatorianos les está proscrito poseer. La contraprestación a ese privilegio tiene dos premisas claras: estás bajo nuestra autoridad y no las uses en contra nuestra, solo contra potenciales enemigos (por eso es tan peligroso que los militares patrullen las calles). En esa primera parte del acuerdo no creen nuestros militares.

Ellos se creen una sociedad paralela a la ecuatoriana: más gloriosa, más honorable y disciplinada que la sociedad civil. En una entrevista de Foscus al capitán Edwin Ortega, que pasó por un Consejo de Disciplina por haberle respondido un correo al presidente Correa y fue absuelto, dice: “Ha sido presentado un recurso de acción de protección. No entiendo por qué ahora se abre un recurso de protección cuando antes se creyó en la justicia militar y ahora ya no se cree en la justicia militar.” Para Ortega está claro que la justicia militar no está dentro de la esfera de control de la civil. Como si la existencia de la primera excluyera la validez de la segunda. Cuando el periodista le dice que Correa ha comparado su caso con el de un sargento norteamericano que escribió un comentario en su Facebook en contra del presidente Obama y fue sancionado, Ortega responde: “El caso del militar norteamericano, primero habría que observar la fuente. Habría que evidenciar si es que en verdad fue sancionado o en su defecto fue censurado, o dado la baja de las fuerzas armadas norteamericanas”. El caso del sargento Gary Stein, en 2012, tuvo una resolución sencilla: después de llamar cobarde al Presidente Obama, y negarse a recibir sus órdenes como Comandante en Jefe, fue dado de baja. A muy pocos se les ocurrió decir que lo de Obama era un atentado contra la democracia, o que Stein era alguna especie de héroe. En el Ecuador, hay gente quejándose por la aplicación de un principio democrático básico y que en nuestro país se puso en la Constitución en 1998 precisamente para lidiar con la intervención militar en la vida civil: las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes. Porque les hemos entregado las armas, no por ningún otro motivo.

Qué habría pasado si en la cadena de comando militar Ortega le hubiera gritado a uno de sus generales lo que le gritó a Correa en el correo: “PARE DE MENTIRNOS, QUE EL PAÍS NECESITA LA VERDAD Y QUE SE SANCIONE TANTA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN….. DEDÍQUELE FUERZAS A ESO NO A METERSE CON INSTITUCIONES SERIAS Y HONESTAS DE SIGLOS DE TRADICIÓN.”. Las palabras claves de Ortega no son las más estridentes de la declaración, sino “no meterse con instituciones serias y honestas de siglos de tradición”. ¿A qué tradición se refiere, mi capitán, a la de quitarle el respaldo a los gobiernos, a la de no abrir los archivos del caso Roldós (para no incriminar a sus antecesores) a la de presentarse a los Congresos y decirles a los diputados que estaban ahí por respeto pero no por obligación? ¿O tal vez se refiere a la costumbre de aparecerse en las audiencias por juicios de lesa humanidad vestidos de uniforme, para respaldar a los acusados de torturas y violaciones a derechos humanos? Diga usted, cuál es la tradición, mi Capitán.

Ahora, la oposición ha vuelto sus ojos a las Fuerzas Armadas con un mensaje entre líneas: a Correa hay que sacarlo cómo sea. Como si sacarlo del poder y otorgarles a las Fuerzas Armadas el peligroso rol de “guardianes de la democracia” fuese menos dañino que tener un presidente democráticamente electo y al que por sus errores debe sacárselo del poder por la vía institucional de la democracia. Como si mañana no fuesen ellos los que, ya en el gobierno, sufrirían las presiones del humor militar, y nos condenasen, como país, a vivir siempre pendientes del ritmo de las botas y no de los debates de políticas públicas. Las Fuerzas Armadas tienen que ocupar su lugar: debajo del poder del presidente, que es su Comandante en Jefe. Y, por cierto, sobre el argumento de que el término Comandante en Jefe no existe (“es simbólico, dijo el capitán Ortega) su uso está amparado en el artículo 147 inciso 16 de la Constitución y en los artículos 3 y 4 de la Ley de Defensa Nacional. Lo que sí no existe, en ninguna parte del sistema legal ecuatoriano, es la definición de las Fuerzas Armadas como “columna vertebral del Estado” o “guardianes de la democracia”. Si la oposición insiste en recurrir a las peores armas —las boinas y los fusiles para hacer política— deberá estar preparada para caer a punta de esos mismos rifles. La democracia (sea quien sea que esté en el poder) no merece semejante sacrificio.

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