Tomado de: El Siglo
¿Quién le dio potestad a la Cancillería para expresar preocupación y tácito cuestionamiento a decisiones del organismo electoral venezolano?
En México, Honduras, Paraguay y Brasil, por mencionar algunos países de América Latina, se produjeron en los últimos años -y meses recientes- gravísimos hechos de violaciones a los derechos humanos que incluyó el asesinato de estudiantes y activistas medioambientales; la muerte de numerosos periodistas y la represión a sectores sociales y sindicales; se efectuaron denuncias de corrupción a miembros del Parlamento y sobre el funcionamiento irregular de órganos electorales.
Los jefes de Gobierno de México, Honduras y Brasil han encarado denuncias y manifestaciones masivas por hechos de violencia, muerte de estudiantes y activistas, represión y corrupción.
En Chile, prácticamente ningún partido político, ningún parlamentario, ningún dirigente político, ha expresado preocupación, inquietud y menos declaración crítica o exigencia de investigación y aclaración de esa serie de hechos que, por lo demás, ensombrecen la situación de derechos humanos y funcionamiento de la democracia a nivel Latinoamericano. Esto incluye silencios o menciones leves y acotadas de la Cancillería chilena sobre esas situaciones; se argumenta no intromisión en asuntos internos.
No es la misma actitud respecto a la realidad venezolana. Hay una permanente vigilancia y hostilidad en cuanto a lo que ocurre en ese país y continuos comunicados y comentarios sobre hechos del proceso venezolano. Se ha ido constatando una falta de equilibrio y ponderación en el cuadro regional, donde sectores políticos chilenos, incluyendo autoridades de la Cancillería, omiten situaciones graves en varios países, pero se van con todo contra el Estado y el Gobierno venezolano.
Las cosas llegan a puntos que pueden ser indignantes. En 2014 fue asesinada la chilena Gisella Rubilar, crimen cometido por grupos antichavistas en una “guarimbas” desatadas por el movimiento “La Salida” que dirigió el derechista Leopoldo López. Ni personeros de la UDI, RN, la DC, el PS y el PPD desarrollaron presión o campaña alguna para el esclarecimiento de ese asesinato y que se encontrara y se sancionara a sus asesinos.
Pero siguen haciendo campaña a favor de López. En este cuadro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile no ejerció firmeza, insistencia, ni gestiones constantes y contundentes, incluso a través de comunicados y relevando el asunto en la prensa, respecto a la Gisella Rubilar. Pero sí lo está haciendo en el caso del empresario venezolano, nacido en Chile, Braulio Jatar, opositor de derecha, al punto de tensionar los vínculos con Venezuela. Jamás se tuvo tal disposición y énfasis respecto a Gisella. Es más, hay curiosidad respecto a por qué ese sujeto pidió documentos chilenos pocos días antes de hacer las acciones contra el gobierno venezolano y la interrogante respecto a si, en efecto, se le dieron cuando ya estaba detenido para poder hacer visitas consulares y aumentar la presión a las autoridades venezolanas.
Un último episodio tiene que ver con una declaración que emitieron los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú donde expresaron la “preocupación por la decisión del CNE (Consejo Nacional Electoral) de la República Bolivariana de Venezuela” de prorrogar un referéndum revocatorio que afectaría al Presidente Nicolás Maduro. De los seis gobiernos firmantes, cinco son de derecha; el otro es el de Chile.
Si en política exterior las autoridades chilenas dijeron que había que aceptar la destitución de Dilma Rousseff en Brasil porque era una facultad establecida en la Constitución de esa nación y no se firmó ninguna declaración oficial de preocupación o rechazo, ¿por qué en el caso de Venezuela sí se interviene en una decisión de un organismo del Estado venezolano que también aplicó disposiciones legales? ¿Quién le dio potestad a la Cancillería para expresar preocupación y tácito cuestionamiento a decisiones del organismo electoral venezolano que actuó dentro del marco de la ley?
Hay muchas interrogantes respecto a la actuación de la Cancillería en el caso venezolano que empiezan desde que en el gobierno de Ricardo Lagos, siendo Canciller Soledad Alvear (DC, acérrima antichavista) se respaldó el golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez y después quisieron echarle la culpa a un embajador.
Los hechos demuestran que el gobierno chileno lleva un continuo de acciones, comunicados, declaraciones y señales que apuntan a cuestionar y presionar al gobierno de Venezuela, sumándose implícitamente a campañas y argumentos de la oposición de derecha.
Es cierto que la situación de ese país es difícil. Pero su resolución está en manos de los venezolanos. El gobierno chileno debería mantener la prudencia y la distancia necesaria para, realmente, colaborar con un marco de respeto que ayude a los venezolanos, no que los tensione aun más.
Asimismo, sería loable ver al Ministerio de Relaciones Exteriores preocupado de la situación de derechos humanos y del funcionamiento democrático en otros países donde la situación es bastante crítica. Si no, adhiere a una noción parcial, inclinada a la derecha de la región.
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