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El nuevo gobierno empresarial en Ecuador.

El nuevo gobierno empresarial en Ecuador

Tomado de CELAG

16/05/2018

El día de ayer el tablero político en Ecuador volvió a trastocarse a raíz de la designación de Richard Martínez como el nuevo ministro de Economía. No hay vueltas que darle ni eufemismos de “diálogo” o “consenso” que valgan: el nuevo ministro tiene una larga tradición en el lobby empresarial. De acuerdo con la información disponible, fue consultor para la CORPEI (asociación privada de lobby institucionalizado) y director de asuntos económicos y de comercio exterior de la Cámara de Industrias y Producción(CIP). En el año 2012 llegó a la vicepresidencia de la CIP y sólo 2 años después logró ascender a la presidencia de la misma institución. Por si fuera poco, desde 2015 Martínez es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), máximo órgano de representación de los gremios y federaciones empresariales en Ecuador.

Según información del propio Comité Empresarial, éste representa los intereses de las empresas más grandes del país (30% del PIB). El nombramiento de Martínez como máximo representante de la política económica consolida la tendencia del gobierno de Moreno hacia la entrega el Estado a los poderes empresariales: Eva García, Pablo Campana y Raúl Ledesma, ministros actuales de Moreno, también vienen directamente de esa línea.

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Correa sobre devolución del Issfa: «La Contraloría (…) volvió a darnos absolutamente la razón».

Correa sobre devolución del Issfa: "La Contraloría (...) volvió a darnos absolutamente la razón"
Tomado de El Telégrafo
11/05/2016
El presidente de la República, Rafael Correa, se refirió esta mañana, vía Twitter, al proceso de devolución de $ 41 millones de parte del Issfa al Ministerio del Ambiente por la compra-venta de terrenos en Guayaquil. El Mandatario afirmó que «la Contraloría -al igual que la Procuraduría- volvió a darnos absolutamente la razón». También manifiesta que «algunos oficiales pasivos tienen el derecho de poner las acciones jurídicas que quieran. A lo que no tienen derecho es a engañar, o a esgrimir argumentos tan ‘profundos’ como ‘hay que defender al ISSFA’, sin importar la verdad, la justicia, el bien común».

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