Tomado de Cubaminrex)
El Gobierno Revolucionario denuncia la vigencia durante más de 60 años del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto formalmente por EE.UU. el 3 de febrero de 1962. En esa fecha, el entonces presidente John F. Kennedy emitió la Proclama 3447, que decretó un “embargo” total del comercio con nuestro país al amparo de la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior. Se le confirió de esa forma carácter oficial a las acciones económicas agresivas y unilaterales que se venían aplicando contra Cuba desde el triunfo revolucionario.
A partir de entonces, la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y forjar un proyecto emancipador, ajeno a la dominación imperialista.
La principal justificación que usó entonces EE.UU. para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, lo que supuestamente atentaba contra “los principios del sistema interamericano” y contra la seguridad estadounidense y hemisférica. A lo largo del tiempo, los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos.
La definición más exacta de los objetivos reales de la política hacia Cuba ya se había enunciado en el memorando del subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960: “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
El bloqueo ha evolucionado para convertirse en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación. Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico, al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos.
Se trata de una política esencialmente extraterritorial, violatoria del Derecho Internacional, que busca, mediante presiones, chantajes y penalidades, aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país. Es la expresión práctica de la doctrina Monroe en el siglo XXI, que mira a América Latina y el Caribe desde posición de propietario, ya sea “patio trasero o delantero”.
Cuando recientemente el gobierno de Donald Trump anunció la posibilidad de activar el capítulo III de la ley Helms-Burton, de inmediato los gobernantes de la Unión Europea recordaron a Estados Unidos que tal cosa violaría el acuerdo existente al respecto.
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